El Spa de Ranillas se ha convertido en el nuevo frente abierto entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que empezó como un conflicto judicial sobre una concesión del Parque del Agua ha derivado este viernes en un cruce de acusaciones entre la portavoz socialista, Lola Ranera, y el equipo de gobierno de Natalia Chueca, con expedientes bloqueados, una primera condena de 164.000 euros y una jueza que ha citado a declarar a miembros del anterior ejecutivo municipal como telón de fondo.
Ranera: «Algo están escondiendo»
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza no esconde su preocupación. La gravedad del caso, dijo, tiene dos dimensiones: las «consecuencias económicas muy importantes» que puede tener para la ciudad y la posibilidad de que el procedimiento judicial conlleve la inhabilitación de los consejeros del anterior gobierno. Pero lo que más le inquieta a Ranera es la falta de acceso a la documentación.
«Queremos conocer los expedientes y no nos han dado ninguna información. ¿Por qué no nos han dado información? Ellos sabrán. Nosotros lo que entendemos es que algo están escondiendo y que evidentemente a alguien están protegiendo en todo esto. Si no, no tiene ningún sentido que no nos den los expedientes», afirmó la portavoz socialista.
Ranera también puso el foco en los datos más concretos del caso: una primera condena de 164.000 euros correspondiente a cuatro trabajadores del total de 36 y una jueza que ha citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo. Un procedimiento que, según la portavoz, puede tener consecuencias económicas de gran calado para el conjunto de los zaragozanos.
El Gobierno de Chueca: «El problema lo creaste tú»
La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar y fue igualmente contundente. El Gobierno local señaló que el «verdadero problema» del SPA de Ranillas no tiene su origen en la gestión actual sino en el «modelo de gestión que el PSOE dejó en el Parque del Agua tras la Expo» de 2008. Una herencia que, según el PP, sigue pagando Zaragoza años después.
«El Gobierno de Zaragoza lamenta que el PSOE y su portavoz municipal vuelvan a mentir, crear confusión y lanzar insinuaciones sin fundamento para intentar ocultar su propia gestión y desviar la atención de la realidad», respondieron desde el equipo de Chueca.
El PP también subrayó que la Justicia no ha llamado a declarar a ningún miembro del actual Gobierno de Zaragoza y que el Ayuntamiento lleva desde el primer día «defendiendo los intereses de todos los zaragozanos» frente a las consecuencias del modelo de gestión anterior.
El «legado socialista» de la Expo
El argumento central del PP para rebatir las críticas del PSOE fue lo que denominaron el «legado socialista» dejado tras la Expo de 2008: «Las concesiones fallidas, los concursos de acreedores, los cánones impagados, los trabajadores sin cobrar y las instalaciones abandonadas forman parte del legado socialista que todavía hoy sigue pagando Zaragoza».
El Gobierno local cerró su respuesta con una frase que resume bien la posición de ambos partidos en este conflicto: «Esa es la diferencia entre quienes crearon el problema y quienes lo están resolviendo». Una afirmación que el PSOE, previsiblemente, no va a dejar pasar sin respuesta.
La portavoz socialista ha denunciado que el Gobierno de Chueca les está ocultando los expedientes del caso y ha advertido de posibles inhabilitaciones de los consejeros del anterior gobierno
El Spa de Ranillas se ha convertido en el nuevo frente abierto entre el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que empezó como un conflicto judicial sobre una concesión del Parque del Agua ha derivado este viernes en un cruce de acusaciones entre la portavoz socialista, Lola Ranera, y el equipo de gobierno de Natalia Chueca, con expedientes bloqueados, una primera condena de 164.000 euros y una jueza que ha citado a declarar a miembros del anterior ejecutivo municipal como telón de fondo.
Ranera: «Algo están escondiendo»
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza no esconde su preocupación. La gravedad del caso, dijo, tiene dos dimensiones: las «consecuencias económicas muy importantes» que puede tener para la ciudad y la posibilidad de que el procedimiento judicial conlleve la inhabilitación de los consejeros del anterior gobierno. Pero lo que más le inquieta a Ranera es la falta de acceso a la documentación.
«Queremos conocer los expedientes y no nos han dado ninguna información. ¿Por qué no nos han dado información? Ellos sabrán. Nosotros lo que entendemos es que algo están escondiendo y que evidentemente a alguien están protegiendo en todo esto. Si no, no tiene ningún sentido que no nos den los expedientes», afirmó la portavoz socialista.
Ranera también puso el foco en los datos más concretos del caso: una primera condena de 164.000 euros correspondiente a cuatro trabajadores del total de 36 y una jueza que ha citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo. Un procedimiento que, según la portavoz, puede tener consecuencias económicas de gran calado para el conjunto de los zaragozanos.
El Gobierno de Chueca: «El problema lo creaste tú»
La respuesta del equipo de gobierno no se hizo esperar y fue igualmente contundente. El Gobierno local señaló que el «verdadero problema» del SPA de Ranillas no tiene su origen en la gestión actual sino en el «modelo de gestión que el PSOE dejó en el Parque del Agua tras la Expo» de 2008. Una herencia que, según el PP, sigue pagando Zaragoza años después.
«El Gobierno de Zaragoza lamenta que el PSOE y su portavoz municipal vuelvan a mentir, crear confusión y lanzar insinuaciones sin fundamento para intentar ocultar su propia gestión y desviar la atención de la realidad», respondieron desde el equipo de Chueca.
El PP también subrayó que la Justicia no ha llamado a declarar a ningún miembro del actual Gobierno de Zaragoza y que el Ayuntamiento lleva desde el primer día «defendiendo los intereses de todos los zaragozanos» frente a las consecuencias del modelo de gestión anterior.
El «legado socialista» de la Expo
El argumento central del PP para rebatir las críticas del PSOE fue lo que denominaron el «legado socialista» dejado tras la Expo de 2008: «Las concesiones fallidas, los concursos de acreedores, los cánones impagados, los trabajadores sin cobrar y las instalaciones abandonadas forman parte del legado socialista que todavía hoy sigue pagando Zaragoza».
El Gobierno local cerró su respuesta con una frase que resume bien la posición de ambos partidos en este conflicto: «Esa es la diferencia entre quienes crearon el problema y quienes lo están resolviendo». Una afirmación que el PSOE, previsiblemente, no va a dejar pasar sin respuesta.
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