<p>El trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que <a href=»https://www.elmundo.es/cultura/2025/11/20/691dbdf6fc6c8377468b45b1.html»>fue expedientado tras advertir de los daños irreversibles</a> que se produjeron en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX ha presentado ya una denuncia contra cuatro de sus superiores por «acoso laboral», «prevaricación», un «delito contra el patrimonio histórico» y por «encubrimiento». Y en ella está incluida además una alto cargo del Ministerio que dirige <strong>Ernest Urtasun</strong>, <strong>Ángeles Albert</strong>, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.</p>
C. T. incluye en su denuncia a Ángeles Albert junto a cinco responsables del IPCE tras haber sido propuesto para una sanción de 37 meses sin empleo y sueldo
El trabajador del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) que fue expedientado tras advertir de los daños irreversibles que se produjeron en 12.000 placas fotográficas del siglo XIX ha presentado ya una denuncia contra cuatro de sus superiores por «acoso laboral», «prevaricación», un «delito contra el patrimonio histórico» y por «encubrimiento». Y en ella está incluida además una alto cargo del Ministerio que dirige Ernest Urtasun, Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.
La denuncia, acompañada de 33 documentos como prueba, pone el foco en esos cuatro delitos, según la documentación a la que ha podido acceder EL MUNDO. En un primer momento, el trabajador, C. T., había planteado que esta se focalizara únicamente contra cuatro responsables del IPCE (G.E.S.; T.D.F.; E.M.C. yM.M.G.- y contra quien fuera subdirectora general del organismo público hasta hace unas semanas, Susana Alcalde Amieva. Pero finalmente en el texto está también incluida la directora general de Bellas Artes, que había ejercido como jefa de gabinete del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, antes de asumir el alto cargo en el Ministerio.
La inclusión de Ángeles Albert en esa denuncia del trabajador del IPCE se basa, según las fuentes consultadas por este diario, en que «autorizó el expediente disciplinario» contra el propio trabajador del IPC y también en que «encubrió daños al patrimonio histórico» por no expedientar a los responsables del IPCE que habían aparecido en el escrito de Fiscalía. En el mismo se acreditaba que se habían producido daños en unas placas fotográficas de J. Laurent, pionera de la fotografía, por unas condiciones de climatización que no eran las óptimas. Sin embargo, la responsabilidad de la cúpula del instituto quedó extinguida al haber prescrito el delito.
El pasado noviembre, tal y como informó este diario, se le fue notificado un expediente disciplinario al trabajador que había denunciado esos hechos. En concreto, se proponía una suspensión de 37 meses de empleo y sueldo, es decir, tres años y un mes. En ese expediente, firmado por la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez, se acusaba a C. T., con la categoría de personal laboral de la Subdirección General del IPCE, de «un presunto incumplimiento en las tareas que se le han encomendado». El texto recogía hechos como no cumplir, en 2022, con las labores de catalogación de fotografías para la exposición La Cataluña de Jules Ainaud; un retraso en el informe de valoración técnica de 2.930 imágenes del archivo Agromayor para remitirlas a la Junta de Calificación de diciembre de 2022, y no haber cumplido con la limpieza y ordenación del depósito 1 de la fototeca del instituto.
Esas faltas fueron las que sumaron el total de los 37 meses de empleo y sueldo con los que el Ministerio planteaba suspenderle. Fuentes de los trabajadores ya aseguraban en aquel momento a este diario que la apertura de ese expediente es consecuencia directa de «las denuncias de corrupción» de C. T., y que «es una forma de forzar su jubilación», ya que ha cumplido 67 años pero no tiene intención de abandonar su puesto de trabajo.
El 21 de noviembre, C.T. recibió la condición de informante protegido por parte de la autoridad independiente del Gobierno de España. Dos días antes, el día 19, este había presentado también un recurso de alzada porque Cultura había decidido inadmitir una denuncia que había presentado en el canal interno del Ministerio por un supuesto caso de acoso laboral de sus superiores en el IPCE -que ahora ha decidido llevar por la vía penal-. Según el escrito, la inadmisión de esa denuncia y la renuncia desde el ministerio de Urtasun a dar comienzo al protocolo de acoso laboral supone una vulneración de la Ley 2/ 2023 que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción al entender que se están tomando «represalias» contra quien decidió denunciar los daños que habían sufrido las placas fotográficas de la colección de J. Laurent.
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