Un jurado en Nueva York ha determinado este miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation, que organiza decenas de miles de conciertos cada año, y su filial Ticketmaster conforman un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos.
Decenas de estados demandaron a la mayor promotora de conciertos del mundo ante el aumento imparable del precio de los shows en los grandes recintos. La decisión judicial podría desembocar en el reembolso del precio abusivo a cada cliente
Un jurado en Nueva York ha determinado este miércoles que el gigante del entretenimiento Live Nation, que organiza decenas de miles de conciertos cada año, y su filial Ticketmaster conforman un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos de conciertos.
El fallo en una demanda presentada por decenas de estados no significa un alivio inmediato para los asistentes a conciertos que se han quejado de los altos precios de las entradas desde hace mucho tiempo. La decisión, sin embargo, podría costar cientos de millones de dólares a Live Nation y, quizá, obligar a la empresa a vender algunos de sus recintos de conciertos una vez que el juez imponga sanciones.
El jurado determinó, entre otras cosas, que las prácticas anticompetitivas de Ticketmaster llevaron a personas en 22 estados del país a pagar 1,72 dólares adicionales por entrada, los cuales podrían verse obligados a reembolsar si el juez así lo determina.
El jurado federal deliberó durante cuatro días antes de alcanzar su decisión. Los fiscales generales estatales que presentaron la denuncia señalan que el veredicto podría traducirse en precios más bajos en las entradas.
Por su parte, Live Nation señala en un comunicado que el veredicto «no es la última palabra en este asunto». La empresa pronostica que, una vez que concluya la fase de reconsideración ante un juez y se resuelvan las apelaciones, el resultado probablemente no será muy distinto al acuerdo que alcanzó con el gobierno federal poco después de iniciado el juicio.
Dicho acuerdo incluyó un tope en las cuotas de servicio en algunos recintos, así como nuevas opciones para la venta de entradas entre promotores y recintos, lo que les podría permitir, sin estar obligados, a dar cabida a compañías competidoras de Ticketmaster como SeatGeek o AXS.
El juicio ha permitido a los fans conocer la trastienda de un negocio que domina el mundo del entretenimiento en vivo en Estados Unidos y en todo el mundo. Por el estrado ha pasado el director general de Live Nation, Michael Rapino, quien tuvo que responder preguntas sobre asuntos como la debacle en la venta de entradas durante la gira de Taylor Swift en 2022. Rapino culpó a un ciberataque.
Durante el litigio también se difundieron los mensajes internos que un empleado de Live Nation envió a un compañero de trabajo en los que aseguró que algunos precios eran «escandalosos», acusó a los clientes de ser «tan estúpidos» y se jactó de que la empresa «les está robando a manos llenas, baby«. El empleado, Benjamin Baker, quien desde entonces ha sido ascendido a ejecutivo de venta de entradas, testificó que sus mensajes fueron «muy inmaduros e inaceptables».
Live Nation Entertainment posee, opera o tiene una participación accionaria en cientos de recintos donde controla la contratación de artistas. Ticketmaster es considerada como la empresa de venta de entradas para eventos en vivo más grande del mundo. Sus abogados no han hecho comentarios al salir del tribunal.
El veredicto podría costarle cientos de millones de dólares a Live Nation y Ticketmaster, de acuerdo con la estimación del jurado de que los clientes pagaron 1,72 dólares adicionales por entrada. Las empresas también podrían ser objeto de sanciones, las cuales podrían resultar en órdenes judiciales para que se desprenda de algunas entidades, incluidos algunos espacios de su propiedad.
Live Nation señaló en su comunicado que el cálculo de 1,72 dólares al que llegó el jurado era aplicable a «un número limitado de entradas» vendidas en 257 recintos, lo que representaba alrededor del 20% del total de entradas vendidas. Estimó que la cifra agregada de daños simples estaría por debajo de los 150 millones de dólares, aunque se triplicaría.
El caso civil, encabezado en un principio por el gobierno federal, acusaba a Live Nation de usar su alcance para asfixiar la competencia, por ejemplo, al impedir que los recintos utilizaran a distintos vendedores de entradas.
Live Nation insiste en que no es un monopolio y sostiene que los artistas, equipos deportivos y recintos deciden los precios y las prácticas de venta de entradas. Un abogado de la empresa afirmó que su tamaño era simplemente resultado de la excelencia y el esfuerzo. «El éxito no va contra las leyes antimonopolio en Estados Unidos», señaló el abogado David Marriott en su conclusión.
Ticketmaster fue fundada en 1976 y se fusionó con Live Nation en 2010. La empresa ahora controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total una vez que se incluyen eventos deportivos, según un abogado de los estados, Jeffrey Kessler
Ticketmaster ha suscitado la indignación de los fans y de algunos artistas desde hace varios años. Los titanes del grunge Pearl Jam se enfrentaron al negocio en la década de 1990, e incluso presentaron una denuncia antimonopolio ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en ese entonces se negó a llevar el caso.
Décadas después, el Departamento de Justicia y decenas de estados presentaron la demanda actual durante el gobierno del entonces presidente Joe Biden. Pocos días después de iniciado el juicio, el gobierno del presidente Donald Trump anunció un acuerdo para resolver su querella contra Live Nation. Un puñado de estados se sumó al acuerdo pero más de 30 siguieron adelante con el juicio, asegurando que el gobierno federal no obtuvo suficientes concesiones de Live Nation.
La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, señaló en un comunicado después de darse a conocer el veredicto que las «prácticas ilegales y anticompetitivas» de Live Nation habían elevado los precios de las entradas y dificultado que los fans puedan ver a sus artistas favoritos. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó el veredicto como «una victoria histórica».
Kessler no detalló qué es lo que los estados buscarán en la siguiente fase del litigio, el cual se tiene previsto que involucre otro prolongado procedimiento legal antes de que se decidan las sanciones. Eso no le impidió celebrar el momento. «Es un gran día para los consumidores», afirmó.
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