EL PAÍS adelanta un fragmento del libro Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación; una crónica política del periodista Ernesto Núñez Albarrán sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que explora la disputa por la democracia y las repercusiones de esta confrontación en el Gobierno de la pesidenta Claudia Sheinbaum. Este episodio describe cómo fue la renovación en el Instituto Nacional Electoral en 2023, un asunto que, tres años después, vuelve a cobrar vida por la designación de tres consejeros que hará la Cámara de Diputados el próximo 22 de abril. Se reproduce este fragmento con autorización de la editorial Grijalbo.
En este fragmento del libro “Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación”, se narra cómo fue la designación de consejeros electorales en 2023
EL PAÍS adelanta un fragmento del libro Que el pueblo decida, la democracia según la Cuarta Transformación; una crónica política del periodista Ernesto Núñez Albarrán sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que explora la disputa por la democracia y las repercusiones de esta confrontación en el Gobierno de la pesidenta Claudia Sheinbaum. Este episodio describe cómo fue la renovación en el Instituto Nacional Electoral en 2023, un asunto que, tres años después, vuelve a cobrar vida por la designación de tres consejeros que hará la Cámara de Diputados el próximo 22 de abril. Se reproduce este fragmento con autorización de la editorial Grijalbo.
Consejeras y consejeros de tómbola
La renovación de cuatro vacantes en el Consejo General del INE la inició la Cámara de Diputados desde diciembre de 2022, al mismo tiempo en el que se procesaba el plan B de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. El proceso que comenzó el 12 de diciembre establecía que debían nombrarse dos consejeros varones y dos consejeras mujeres, una de las cuales ocuparía la presidencia del INE. Los consejeros salientes habían sido nombrados desde 2014: Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Favela.
Entre enero y marzo de 2023, la Cámara de Diputados desarrolló el procedimiento a partir de la emisión de una convocatoria pública, el 14 de febrero y, luego, la integración de un comité técnico de evaluación que revisaría que los aspirantes a consejeros cumplieran los requisitos legales y elegiría los perfiles más idóneos con base en pruebas y entrevistas. Dicho comité, integrado por siete personas propuestas por otros organismos autónomos (la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información) y por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tenía una mayoría afín a Morena conformada por cinco personas: Enrique Galván Ochoa, Norberto García Repper, Evangelina Hernández Duarte, Araceli Mondragón González y Ernesto Isunza. Los otros dos integrantes, con una postura crítica a la 4T, eran Maite Azuela, comentarista en medios de comunicación, y Sergio López Ayllón, académico y exdirector del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El comité evaluó cientos de postulaciones y convocó a 531 aspirantes a realizar un examen. De ahí seleccionaron a las 102 mujeres y a los 102 hombres mejor calificados y, finalmente, depuraron una lista de 92 personas (46 hombres y 46 mujeres) para entrevistarlas entre el 17 y 22 de marzo.
El 26 de marzo, el comité integró cuatro listas, con cinco nombres cada una, de las que tendrían que salir dos consejeras y dos consejeros. El primer grupo estaba integrado por Diego Forcada Gallardo, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy. La segunda lista estaba conformada por Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos Mega y Luigui Villegas Alarcón. En la primera lista de mujeres estaban Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández García, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bell López Vences. Y en la segunda lista de mujeres, de la que tendría que salir la presidenta del INE, estaban Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Rebeca Barrera Amador, Iulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala.
Correspondía a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, dar el siguiente paso. Según se establece en la Constitución, la Junta debía construir un acuerdo político y escoger un nombre por cada una de las quintetas. Los cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE deberían proponerse al pleno, donde serían aprobados por mayoría calificada. Aunque la ley prevé que, en caso de desacuerdo, se pueda recurrir a un método de insaculación para designar un nombre por quinteta, en el proceso de 2023 el partido mayoritario empujó desde un inicio este procedimiento, renunciando a la posibilidad de un acuerdo, como sí ocurrió en 2020.
A pesar de que se hablaba de la predilección del presidente por Bertha Alcalde Luján, hija de dos fundadores de Morena, para presidir el INE, la bancada mayoritaria -y sus socios del Verde y el PT- no contaba con los 334 votos necesarios para sacar adelante el nombramiento, no estaba dispuesta a negociar con la oposición y no insistió en imponer sus nombres y dejó todo en manos de la suerte. La Junta de Coordinación Política estaba integrada entonces por los coordinadores Ignacio Mier, de Morena; Jorge Romero, del PAN; Rubén Moreira, del PRI; Carlos Puente, del PVEM; Alberto Anaya, del PT; Jorge Álvarez Máynez, de MC, y Luis Espinosa Cházaro, del PRD. De todos ellos, el único que se opuso a la tómbola fue Máynez, quien acusó a Morena y a los dirigentes del PRI y del PAN de no proponer ningún perfil y obstaculizar la construcción de un acuerdo político para la designación.
Así, el 30 de marzo, en lugar de proponer un acuerdo con los nombres de las consejeras y consejeros que hubiesen generado consenso, la Junta propuso formalizar la tómbola como método de selección, y sólo Movimiento Ciudadano votó en contra. “No es justo manchar al árbitro por nuestra falta de capacidad para construir acuerdos. Nosotros, a lo que se elija aquí, a lo que se haga aquí, a lo que se cante aquí, a esas personas les vamos a dar nuestro voto de confianza para que organicen la elección presidencial de 2024 y ese proceso electoral tan complejo que nos convocará el próximo año. Pero no estamos de acuerdo con la insaculación porque es renunciar a la política y porque es renunciar a nuestra atribución constitucional”, dijo Álvarez Máynez en tribuna.
En respuesta, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, negó que se haya renunciado al acuerdo y dejó ver que la tómbola buscaba cuidar a los aspirantes a consejeros de una posible votación adversa, en la que no se reunieran las dos terceras partes de la Cámara para avalarlos. Además, recordó a la asamblea que, en caso de no alcanzarse esa mayoría calificada, la tómbola de todos modos tendría que hacerse, pero ya no en el Poder Legislativo, sino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues así lo establece el procedimiento constitucional.
“Es falso que no hayamos hecho un esfuerzo de llegar a un acuerdo, pero habría sido desafortunado presentar cuatro nombres que no alcanzaran los dos tercios y que lastimáramos a diferentes mujeres y hombres que han demostrado una preparación con merecimiento suficiente, según el comité técnico de evaluación, para estar en el órgano electoral, y cada que presentáramos nuevos nombres y fueran rechazados seguiríamos lastimando a personas que al final en un proceso de insaculación podrían quedar elegidas según el mandato constitucional”, explicó Fernández Noroña.
La tómbola se llevó a cabo cuando ya transcurría la madrugada del viernes 31 de marzo. Finalmente, la suerte cayó en cuatro personajes no exentos de vínculos con el oficialismo, empezando por Guadalupe Taddei Zavala, quien ganó la tómbola de la presidencia del INE. La consejera presidenta electa pertenece a una familia política de Sonora, tiene nexos con el gobernador Alfonso Durazo y con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Karina Barreras, entonces diputada local del PT. Taddei tenía al menos dos familiares en el gobierno federal: el superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Taddei, y el director de la paraestatal Litio Mx, Pablo Taddei.
Los otros tres consejeros insaculados fueron: Jorge Montaño, exfiscal de Delitos Electorales del estado de Tabasco, con fuertes vínculos con el secretario de Gobernación y exgobernador Adán Augusto López. Rita Bell López, exconsejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cercana a liderazgos locales de Morena. Y Arturo Castillo Loza, quien había sido secretario de Estudio y Cuenta del magistrado José Luis Vargas en el Tribunal Electoral, y que contaba con el perfil académico más sólido y más independiente respecto a la 4T.
Los nuevos consejeros y consejeras tomarían posesión de su cargo el martes 4 de abril, en el Consejo General del INE, la llamada “herradura de la democracia”, pero el INE de Lorenzo Córdova aún tenía pendiente una última escaramuza.
Los últimos días de Córdova en el INE
Mientras la Cámara de Diputados operaba los nombramientos, Lorenzo Córdova y su equipo preparaban su salida del Instituto Nacional Electoral, con decisiones calculadas pero arrebatadas y no compartidas por el resto de consejeras y consejeros, quienes se quedarían a recibir a una nueva presidenta y tres colegas en un contexto desde máxima confrontación con el gobierno.
El 28 de marzo, dos semanas después de haber retomado su cargo, Edmundo Jacobo anunció su renuncia irrevocable a la poderosa Secretaría Ejecutiva del INE, con efectos a partir del 3 de abril de 2023. Es decir, el funcionario dejaba un cargo que ocupaba desde 2008, a pesar de que su reelección en 2020 le hubiese permitido permanecer en la Secretaría Ejecutiva hasta abril de 2026. “He cumplido un ciclo en la Secretaría Ejecutiva del Instituto para servir al INE y a la democracia mexicana, lo que concibo no como un trabajo, sino como una causa . Es tiempo de que quien sea designada o insaculada para presidir esta institución proponga a sus pares una persona que acometa con diligencia y rectitud las tareas de la Secretaría Ejecutiva”, expresó el secretario, quien quiso adelantarse al nombramiento de la Cámara de Diputados para evitar que la nueva presidenta tomara su renuncia como un asunto personal.
La decisión de Edmundo Jacobo estuvo presidida por otra decisión aún más descabellada: la renuncia de casi todos los integrantes de la Junta General Ejecutiva, es decir, el equipo que había acompañado a Córdova en los últimos años y que eran los responsables de la operación del instituto. En pleno proceso electoral en Coahuila y Estado de México (este último, el estado más poblado del país), se anunciaban las renuncias —válidas entre el 31 de mazo y el 3 de abril— de ocho funcionarios clave: Ana Laura Martínez de Lara, directora ejecutiva de Administración; Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico; Daniela Casar García, directora del Secretariado; Cecilia Azuara, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales; Laura Liselotte Correa, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de Comunicación Social.
Además, se anunciaba que otras dos áreas quedarían descabezadas el 1 de abril: la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, pues sus titulares, María del Refugio García y Sergio Bernal, habían decidido ocupar las Vocalías Ejecutivas en los estados de Hidalgo y Quintana Roo, respectivamente.
Aun sin que se supiera quién iba a ser, la nueva presidenta del INE encontraría un instituto descabezado, con sólo tres funcionarios de alto nivel: Humberto Torres, en la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Miguel Ángel Patiño, en la Unidad Técnica de Vinculación con OPLE, y Roberto Heycher Cardiel, en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien tenía que quedarse por ser el funcionario más longevo en el cargo y a quien correspondía ocupar la Secretaría Ejecutiva como encargado de despacho.
En esas condiciones, Lorenzo Córdova citó a dos últimas sesiones del Consejo General para el jueves 30 de marzo, exactamente el mismo día en el que la Cámara iniciaría el proceso de designación que derivó en la tómbola en la que se sorteó a los nuevos consejeros.
EL PAÍS
